Por el gran desconocimiento y la opacidad que ejerce la administración educativa sobre este asunto creo llegado el momento de intentar dar un poco de claridad a través de nuestra experiencia y otras similares.
A nuestros hijos con diversidad funcional (discapacidad) se les etiqueta desde el comienzo de su escolarización como alumnos con NEE (Necesidades educativas especiales) y en cada etapa educativa han de pasar por estos informes y dictámenes para poder seguir escolarizados.
Las adaptaciones curriculares (ajustes razonables) son un derecho del alumno con NEE que tienen que servir de ayuda y no una losa pesada en su devenir académico.
La experiencia nos dice que dependiendo del profesor, del equipo de orientación de turno, de la Dirección Provincial correspondiente y de la Consejería de Educación nuestros hijos podrán tener derecho a una educación inclusiva o no.
La educación inclusiva como derecho humano fundamental que es y que está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, avalado por la CDPD, es un derecho que tienen todos nuestros hijos, con o sin diversidad, por el hecho de ser personas. Todos somos iguales en derechos y dignidad, ni más ni menos. Esta es la ley vigente.
La administración educativa retuerce y tortura tanto este derecho que lo que es una vulneración gravísima del mismo como es la segregación y exclusión social a través de estos informes y dictámenes nos lo quieren vender a los padres como el bien del menor cuando en realidad es una sentencia de muerte social.
Los informes, decimonónicos, y los dictámenes, sentencias, que se hacen a nuestros hijos son tan “buenos” que la administración educativa se resiste a facilitarnos copia de los mismos como es nuestro derecho como padres, en nuestro caso se lo solicitamos varias veces por escrito registrado en la Dirección Provincial y, al final, aseverando que íbamos a poner una denuncia en el juzgado, después de 100 días, tuvimos la copia correspondiente.
Los informes y dictámenes que se hacen a nuestros hijos son tan “transparentes” que normalmente no nos enteramos de cuando los hacen, ni participamos en ellos, ni sabemos qué profesionales intervienen cuando por la legislación vigente debemos saber de ello. Solamente cuando el informe y el dictamen está redactado y firmado por el equipo de orientación se nos lee para que en caliente y en estado de shock firmemos o no nuestra conformidad o no conformidad con el mismo pudiendo hacer las alegaciones correspondientes en caso de no conformidad, alegaciones que casi nunca se tienen en cuenta pues la sentencia ya está hecha.
Es en este momento, cuando tenemos un dictamen de escolarización a CEE en contra del derecho del menor y de nuestra voluntad, cuando hemos de pasar de la resistencia silenciosa a la reacción necesaria y por escrito hemos de advertir al equipo de orientación y a la inspección educativa que haremos una denuncia pública y legal por la violación del derecho humano fundamental a la educación inclusiva de calidad de nuestros hijos y la vulneración de nuestro derecho como padres a escoger el modelo de escolarización que queremos.
La herramienta o instrumento que tenemos las familias cuando hay un Dictamen de escolarización y su consiguiente Resolución a modalidad educativa combinada o a modalidad especial que ha sido rechazada (Documento de Disconformidad) por los padres es el envío al Comité CDPD como acción cautelar de una Demanda urgente o de alerta temprana siendo este el momento adecuado de hacerlo para prevenir la vulneración del derecho a la educación inclusiva del alumno. Se solicitará al Comité que no se deba aplicar la Resolución basada en el Dictamen de Propuesta de escolarización combinada o especial pues viola los artículos 7(igualdad) y 24(educación) de la CDPD. Es importante que la familia pida ayuda a algún profesional que esté comprometido con la inclusión, para que se pueda cuestionar el informe y el dictamen.
MODALIDAD DE ESCOLARIZACION COMBINADA:
Esta modalidad es la combinación entre la educación ordinaria y la de centro especial. La administración educativa ofrece esta escolarización para hacer creer a los padres que es flexible con su demanda de educación ordinaria cuando realmente es la antesala de centro especial permanente, es como estar en el corredor de la muerte social cuando sabes que nada ni nadie te va a indultar.
Este modelo de escolarización es perverso y cruel sobre todo con los menores y sus padres pues unos días se tiene derecho a una escolarización ordinaria y otros días de centro especial se pierde el derecho y la dignidad. Profesionales de la psicología aseveran que esta dualidad perjudica enormemente al menor además del estigma que sufren.
Mi opinión al respecto es que cuando se obligue a esta escolarización se asista solamente los días que se tenga centro ordinario demostrando como padres el modelo de escolarización que queremos para nuestros hijos ante posibles amenazas de absentismo escolar por no acudir al centro especial. Esta postura descoloca a la administración educativa y la pone en evidencia.
La administración educativa no es un ente etéreo sino que está compuesta por personas, funcionarios, con responsabilidad que bajo el paraguas de la norma toman decisiones que segregan, excluyen y deshumanizan a nuestros hijos deshumanizándonos a todos.
Esta administración ejercita el mal entendido legítimo derecho a discriminar. Para el político y la administración de turno es muy fácil descargar la responsabilidad en el técnico orientador y así lavarse las manos cuando la ley no permite la segregación y la exclusión educativa y social. Con su dictamen a centro especial el técnico orientador es responsable y debe saber que está encendiendo la hoguera de la exclusión que quema y abrasa a nuestros hijos. Nunca debería haber un dictamen-sentencia que ampare la segregación.
En definitiva, sobre el papel y en teoría nuestros hijos tienen derecho fundamental a tener una educación inclusiva y los padres tenemos el derecho a escoger el modelo de escolarización, en la práctica este derecho pende del frágil hilo de una decisión administrativa que no es consensuada con los padres. Esta es la realidad en la que los grandes perdedores son nuestros hijos a los que hemos de educar sobre todo para la vida.
Los padres y la sociedad civil hemos de ser el motor que active el cambio del modelo médico al modelo social por el bien de nuestros hijos pues a los políticos con su política educativa y a la administración educativa con su normativa les falta la voluntad real para ejercitar el derecho humano fundamental a la educación inclusiva.
Social, ética, moral y económicamente los CEE son caros, muy caros. La crisis es una mala excusa pues la pérdida de autonomía e independencia es carísima para la sociedad ya que haremos personas que serán siempre muy dependientes, privadas de derechos y dignidad.
Educamos todos juntos y nuestra sociedad será mejor cuando más respetemos y toleremos la diversidad humana.
Espero que este escrito hecho desde la experiencia vivida sirva de ayuda para tomar decisiones complicadas a las familias que tienen que transitar por esta nada fácil experiencia vital.
Lo mejor está por llegar. Seguimos…
Alejandro Calleja
Proyecto "Madres" 